Unos 100 repartidores a domicilio de Rappi quemaron sus llamativas mochilas naranjas frente a las oficinas de la empresa en el norte de Bogotá para exigir mejores condiciones laborales y que la empresa se haga responsable de su salud en caso de sufrir un accidente.
La protesta generó reacciones en las redes sociales después de que estos repartidores a domicilio quemaron sus maletas la noche del jueves y se agolparan a las puertas de la sede de la compañía.
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Rappi, que nació en 2015 en Colombia como una «startup» de entregas a domicilio, es actualmente una plataforma de servicios multiuso que tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay.
La empresa respondió a los hechos a través de un comunicado en el que rechaza «categóricamente cualquier acto o vía de hecho que altere el orden público y que ponga en riesgo a la ciudadanía» y se mostró abierta a «entablar un diálogo constructivo sobre las bases del respeto y una vez cesen las vías de hecho».
Uno de los que protestaban aseguró que por un pedido por valor de 45.000 pesos (unos 14 dólares) ellos reciben menos de un dólar.
Por su parte, el senador de izquierdas Jorge Enrique Robledo se hizo eco de la protesta en su cuenta de Twitter, desde donde también arremetió contra el presidente de Colombia, Iván Duque.
«Todos sabemos que las condiciones laborales de Rappi son tan contrarias al trabajo decente que ofenden la dignidad humana. No es así como se construye el país verdaderamente democrático con el que soñamos los colombianos. Y Duque no hace nada!!!», manifestó el senador.
Las protestas de repartidores de este tipo de empresas se han extendido por todo el mundo como consecuencia de sus precarias condiciones laborales.
En mayo, un grupo de repartidores de la empresa Glovo se concentraron ante las oficinas de la compañía en Barcelona para protestar por la muerte de uno de sus compañeros, atropellado cuando realizaba un servicio, y para exigir que el suceso se trate como un accidente laboral.
Como consecuencia de esa muerte, el sindicato UGT denunció a Glovo ante la Fiscalía de Barcelona por incurrir en varios delitos contra los derechos de los trabajadores.
Asimismo, la británica Deliveroo se enfrenta a un juicio en España por la situación laboral de más de medio millar de sus repartidores, ya que la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social considera que se trata de «falsos trabajadores autónomos». EFE
